Aprueban en primer debate autorización para contratar crédito público
29 Septiembre 2020 Redacción Webnoticias
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El Concejo de Cali aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo 025, a través del cual se autoriza al alcalde Jorge Ospina contratar operaciones de crédito público por $650 mil millones.
Concejales de la Comisión de Presupuesto votaron favorablemente la ponencia, con modificaciones al título y al articulado, que presentaron Flower Enrique Rojas Torres (coordinador) y Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Así lo determinaron los Concejales Henry Peláez, Juan Pablo Rojas, Audry María Toro, María Isabel Moreno, Roberto Rodríguez, Milton Fabián Castrillón y Fabio Alonso Arroyave Botero, integrantes de la Comisión de Presuesto.
La iniciativa pasará ahora a trámite en segundo debate en las sesiones ordinarias del Concejo, que inician este 1° de octubre.
El proyecto de acuerdo 025 hizo trámite en sesiones extraordinarias, en la semana del 21 al 28 de septiembre, en Comisión de Presupuesto, con una jornada de participación ciudadana que contó con 16 ponencias, de igual número de personas.
El coordinador ponente, Flower Enrique Rojas Torres, aseveró que se hizo un trabajo permanente desde lo técnico, buscando el mejor escenario de endeudamiento para el Distrito Especial, verificando las garantías en el mediano y largo plazo.
Esto a fin de cristalizar una autorización que permita la reactivación económica de Cali, enfocado a la generación de empleo y el cumplimiento de metas en el Plan de Desarrollo, pensando siempre “en que el Distrito Especial debe salir adelante después de superar la pandemia del covid-19”.
El concejal Milton Fabián Castrillón Rodríguez, también ponente, destacó el papel de los Concejales al momento de generar debates en temas de garantías para las finanzas públicas, pero también cuestionando si los recursos serían suficientes para más de 19 proyectos.
“Toda la discusión se hizo con el equipo de Gobierno, en cabeza de la Hacienda Pública, buscando siempre los mejores escenarios y de paso estableciendo tiempos para medir la eficiencia del gobierno distrital”, enfatizó Castrillón Rodríguez quien convocó a ciudadanos, Gobierno, Concejales y demás actores del Distrito a pensar en el futuro de Cali.
La concejal Diana Carolina Rojas Atehortua, destacó la importancia del proyecto 025, debate desde la visión de la reactivación económica y la generación de empleo, pero reclamó el detalle de los proyectos a financiar con el crédito público.
“Esa solicitud no se tuvo en cuenta y estaríamos al frente de un crédito de libre inversión. Igualmente creó que el crédito debió darse a 10 años y con plazo de aplicar al 2021”.
Voto negativo
El concejal Roberto Ortiz Urueña, aseveró que con el nuevo crédito Cali queda endeudada en más de un billón de pesos y no solo por los 650 mil millones autorizados en el proyecto 025.
“Anuncio mi voto negativo al proyecto en mención, en segundo debate, porque para reactivar la economía local se hizo un plan de desarrollo, que no tendría financiación, toda vez que los ingresos corrientes también estarían afectados primero por la mora, que aumentará producto del desempleo que vive el Distrito Especial luego de superar la cuarentena de covid-19”.
El concejal Fabio Alonso Arroyave Botero, destacó las garantías que tuvo el trámite del proyecto en primer debate escuchando a todas las partes siempre concluyendo que la reactivación económica es el enfoque del crédito público.
“El Alcalde de Cali goza de la confianza de los caleños y saben que con este empréstito se dejará huella de gobernabilidad en obras que son vitales”.
Mientras que, el concejal Harvy Mosquera, demandó del Gobierno Distrital, y en especial de los Secretarios que componen el gabinete, mayor gestión en la ejecución de los presupuesto en cumplimiento de programas y metas del Plan de Desarrollo.
“Si bien las obras no hacen parte del articulado las mismas están en la exposición de motivos que hace parte integral del documento aprobado en primer debate”.
El concejal Carlos Andrés Arias Rueda, expresó que el Concejo tendrá que hacer el control político respectivo al Acuerdo una vez entre en vigencia, verificando su cumplimiento y ejecución en obras.
