Crisis carcelaria ha desbordado capacidad logística y administrativa de los entes
29 Junio 2022 Redacción Webnoticias
Actualidad
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Este miércoles se realizó en Cali un consejo extraordinario de seguridad para definir la ruta de acción, a fin de atender las problemáticas que afectan a la población privada de la libertad en Cali.
Lo anterior a raíz de la emergencia registrada en una cárcel de Tuluá, donde más de 50 internos perdieron la vida durante una conflagración.
En esta reunión, Guillermo González, director de la Cárcel de Alta seguridad de Jamundí y representante de la Dirección Regional Occidente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), manifestó que la crisis carcelaria es un problema que viene aquejando al país desde hace muchos años, y que la situación ya ha desbordado la capacidad logística y administrativa de todos los entes gubernamentales y del mismo Instituto.
“El Instituto, de acuerdo a los lineamientos de mi General Castellanos (director general del Inpec), está en la mejor disposición de brindar la asesoría y la colaboración en lo que esté dentro de nuestra competencia. En la cárcel de Cali se han recibido, este año, más de 800 personas privadas de la libertad de estaciones de Policía”, aseguró González.
Manifestó su voluntad para colaborar con las acciones que deben realizarse, a partir de la solicitud hecha por el mandatario de los caleños, y así dar soluciones a los 1800 sindicados que permanecen en estaciones de Policía.
Acciones urgentes
Durante el consejo extraordinario de seguridad, que lideró el alcalde Jorge Iván Ospina, se coordinaron acciones urgentes para atender crisis con población privada de la libertad.
La Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital junto con su similar de Gestión del Riesgo y el Inpec se encargarán de articular lo necesario para disminuir el hacinamiento y las condiciones de precariedad.
“Encontramos situaciones críticas y el alcalde Ospina ha dado instrucciones para que adelantemos acciones de carácter inmediato, que mejoren la atención en salud y las condiciones sanitarias de estas personas”, detalló Jimmy Dranguet Rodríguez, secretario encargado de Seguridad y Justicia.
Agregó además que se iniciará la búsqueda de un predio adecuado, para el traslado de algunos detenidos en estaciones de Policía.
Según Dranguet, también continuará el trabajo permanente con el Consejo Superior de la Judicatura para dar celeridad a los procesos penales.
“Tenemos sindicados que llevan un año en estaciones de Policía, con procesos penales que han debido terminar; a esto debemos darle una solución urgente con la rama judicial”, señaló.
Por lo anterior, la Alcaldía de Cali ya había solicitado al Ministerio de Justicia y al Inpec una declaratoria de emergencia carcelaria para la cárcel Villahermosa.
Revisarán planes de emergencia
Los entes revisarán planes de emergencia y contingencia en los espacios donde se encuentren personas privadas de la libertad; esto incluye verificar si en las instalaciones cuentan con extintores; el estado de las salidas de emergencia y de los espacios para posibles evacuaciones. Asimismo, evaluarán condiciones de seguridad, se instalará un enmallado y se reforzará la vigilancia.
Cabe mencionar que todas estas determinaciones están enmarcadas en la Ley 65 de 1993 y la sentencia SU122 de la Corte Constitucional, en las que se establecen las obligaciones de entidades territoriales y de la Nación respecto al sistema carcelario en Colombia.
