Población afro solicitó garantizar recursos para ejecución de políticas a su favor
04 Abril 2019 Redacción Webnoticias
Actualidad
1
Diferentes sectores representativos de las comunidades afro, raizales y palenqueras que habitan en Santiago de Cali, acudieron a la segunda y última jornada de participación ciudadana que realizó el Concejo para continuar con el trámite del proyecto de acuerdo 096 que contiene la política Afro para la capital del Valle.
De los 80 inscritos en el libro de participación ciudadana para opinar sobre el proyecto de acuerdo 096, 27 lo hicieron el miércoles anterior y 21 más este jueves 4 de abril, coincidiendo los participantes en temas como: dejar garantizados los recursos para que la política pública Afro se ejecute en los 10 años venideros sin contratiempos; la etnoeducación sigue siendo una prioridad para los afros, el derecho al empleo, la promoción del emprendimiento y la microempresa, el derecho a la tierra y la inversión permanente en la zona rural donde habita una parte significativa de esta población. Asimismo se insistió en temas de equidad, género y diversidad sexual.
“Una vez se cumpla la participación ciudadana, el siguiente paso será escuchar al gerente del proyecto Cali Distrito Especial, Alejandro Becker, para que indique que papel jugaran las comunas y corregimientos donde se identifica y habita la población Afro, Raizal y Palenquera”, explicó la Concejal Tania Fernández Sánchez, Presidente de la Comisión de Plan y Tierras, donde cursa la iniciativa.
Guillermina Bravo Montaño, aseveró que Cali logrará un gran avance de aprobar la política pública Afro, dado que es indispensable responder a las necesidades de una población que es real. Además, sostuvo, estamos en el Decenio Afro 2015 -2024 declarado por la ONU, por lo que vale la pena trabajar en pro del reconocimiento que la población afro del Municipio, reconocer los derechos culturales y fortalecer el sistema educativo. “Pero lograr el desarrollo de las comunidades afro colombianas depende que esas acciones afirmativas queden en el presupuesto municipal”, afirmó Bravo Montaño.
José Ernesto Landazuri, comunicador social, hizo referencia al desarrollo de cuatro aspectos fundamentales que se deberían incluir en la política Afro Cali: la cuota mínima o porcentaje de participación laboral dentro de las entidades públicas, establecer mecanismo de control dentro del municipio, el departamento y la nación, además de controlar los recursos. Igualmente considero establecer un sistema democrático de las comunidades afro y un órgano de difusión oficial para las comunidades afro.
Alexander Bachiochi, solicitó revisar las cifras para garantizar que se lleven a cabo programas de emprendimiento de forma diferencial.
A su turno, Nelly Guapacha, representante de los corregimientos recordó que zonas como Navarro y el Hormiguero son hogar de cientos de afros y raizales por lo que abogó por el respeto a la tierra y el derecho a que se den las inversiones tal como se propuso en el programa Territorios de Inclusión y Oportunidad TIOS. Mientras que David Navarrete, del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, reclamó por establecer en la política afro el derecho a la tierra, sin dejar de trabajar por otros valores.
Victoria Rodríguez Viveros representante de un grupo de mujeres de la mesa territorial de la comuna 21, solicito más apoyo a la mujer emprendedora y a las microempresa desde el oriente. En el mismo sentido, se pronunció María Beltrán, quien solicito inversión social como herramienta para contrarrestar la violencia.
Leonardo Márquez, abogó también por los raizales ubicados en la zona del Jarillon, sometidos de acuerdo a su versión a una reubicación forzada. “Mientras aquí se habla de una política pública Afro, en las riveras del Río Cauca están sacando a la gente sin piedad”. Asimismo preguntó cómo quedarían los corregimientos una vez se reglamente la figura geopolítica de Cali Distrito Especial.
Finalmente, Sonia Camacho, representante de la Mesa de Mujeres Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, consideró indispensable que en el articulado de la política publica se incluya la ley 715, el decreto 3755 de 2005 en lo que corresponde a la definición de instituciones que reúnen las condiciones para la etnoeducación y establecer beneficios para la educación superior.
